(artículo publicado en Actualidad Económica el 22 de julio de 2015)

El 31 de enero de 1976, la Junta General del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Madrid aprobó un documento, “Alternativa a la Enseñanza”, que fue presentado como la propuesta conjunta de los partidos y sindicatos de izquierdas ante lo que llamaban “el fracaso rotundo” de la Ley General de Educación aprobada en 1970, y que aún no había acabado de implantarse del todo.

Aquella Junta se había constituido dos años antes, aún en vida de Franco, por un grupo de profesionales de la enseñanza, militantes de partidos entonces prohibidos en España. El decano era Eloy Terrón Abad, del Partido Comunista, y de ella formaban parte los socialistas Luis Gómez Llorente y Mariano Pérez Galán.

Para la izquierda de aquellos años una reforma auténticamente democrática de la enseñanza debía obedecer al principio irrenunciable de “escuela única, pública y laica”. Además, las enseñanzas debían responder a la “realidad plurinacional de España”.

Por escuela única se entendía la no separación de los alumnos en diferentes itinerarios antes de terminar la enseñanza obligatoria. La reivindicación de una escuela pública implicaba que tanto la financiación como la gestión fueran realizadas por y desde el Estado.

La democratización de la enseñanza, además de la erradicación del “autoritarismo” en la relación profesor-alumno, suponía la unificación de los distintos estamentos y cuerpos de profesores y la participación de los diferentes sectores sociales en la gestión de los centros. La educación superior debía estar al alcance de todos, sin ningún tipo de selección académica previa.

En cuanto a la aceptación de la realidad plurinacional de España, se decía que en todos los territorios con lengua propia debía utilizarse esta como lengua vehicular en el estudio de las diferentes disciplinas.

Aquella “Alternativa para la enseñanza” nació con voluntad de ser una hoja de ruta de la izquierda educativa para los años posteriores y, de hecho, ha marcado, no solamente la legislación socialista de los últimos 25 años, sino también todas las reivindicaciones de pedagogos y sindicatos de izquierdas que siguen hoy en día manifestándose tras la pancarta: “Por una escuela única, pública y laica”.

Con gobierno socialista, en 1985, se aprobó la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros (LOPEG), que establecía el régimen de conciertos, y, en 1990, fue aprobada la LOGSE sobre los principios básicos de la escuela única, hoy llamada “comprensiva”.

Desde entonces ha habido varios intentos del PP por reformar la LOGSE, una Ley que ha demostrado sobradamente su fracaso. Y, en todas las ocasiones, la izquierda política y pedagógica y los nacionalistas han formado un bloque de dura oposición a cualquier cambio que supusiera una ruptura con los principios y dogmas de la ya aparentemente olvidada Alternativa de 1976. Recuérdese la violenta reacción en el Congreso al llamado Decreto de las Humanidades presentado por la entonces Ministra de Educación, Esperanza Aguirre, o la paralización de la Ley de Calidad de Pilar del Castillo realizada por Zapatero a los pocos días de llegar al poder en marzo del 2004.

Ahora, una vez más, ante la aplicación de la “Ley Wert”, algunas Comunidades plantean un boicot en espera, dicen, de que, tras las elecciones generales, un gobierno de izquierdas, paralice su aplicación.

En la mayor parte de los países de nuestro entorno, si bien tras la revolución pedagógica de Mayo del 68 se adoptaron modelos basados en ideas y creencias similares a las de la olvidada Alternativa, hace ya tiempo que se abandonaron para buscar reformas encaminadas a mejorar la eficacia de sus enseñanzas. El más claro en ese sentido fue Tony Blair, que llegó a declarar que el modelo de escuela comprensiva había condenado a muchos niños a la ignorancia.

Sin embargo, en España, ni las cifras de fracaso escolar, ni los malos resultados de los alumnos en las pruebas internacionales, ni las escalofriantes cifras de paro juvenil, parecen razón suficiente para que los socialistas se planteen la necesidad de apartarse de los principios inspiradores de su política educativa.

Se puede estar más o menos de acuerdo con los cambios que introduce la nueva Ley Wert. Se puede pensar que no deben cambiarse las leyes de educación cada vez que hay un cambio de gobierno. Pero lo que me parece inaceptable es que el PSOE se declare partidario de paralizar, una vez más, una ley orgánica aprobada en las Cortes con el argumento de que, como ha dicho Rubalcaba, “solo le gusta al PP”, como si tener mayoría absoluta en un país democrático no significara que el Gobierno cuenta con el apoyo de la mayoría de los españoles.

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